Medias verdades, realidades ocultas, argucias legales para esconder la franqueza del dato en frío. Es el abecé de la estrategia de comunicación del Ministerio de Defensa, lo es desde hace años, lo es pese a las órdenes del Tribunal Constitucional y lo es tanto para las cosas pequeñas, como el coste real de un desfile militar, como para las más considerables, como es su presupuesto oficial. La ministra María Dolores de Cospedal aseguró hace un año que el modus operandi del Ministerio iba a cambiar. Comunicó que las cuentas oficiales para 2017 incluirían por primera vez el pago de las compras de armamento como exigió el TC (unos 1.000 millones de euros al año), algo que las inflaría un 32%. La conservadora se mostró dispuesta a aceptar esa cifra para marcar distancias con su antecesor, el impopular Pedro Morenés, y hacer el gasto en Defensa más transparente. Esa fachada de la ministra apenas ha durado meses. El BOE recogió en septiembre que Cospedal mintió al comunicar al Congreso y...
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