Medias verdades, realidades ocultas, argucias legales para esconder la franqueza del dato en frío. Es el abecé de la estrategia de comunicación del Ministerio de Defensa, lo es desde hace años, lo es pese a las órdenes del Tribunal Constitucional y lo es tanto para las cosas pequeñas, como el coste real de un desfile militar, como para las más considerables, como es su presupuesto oficial.
La ministra María Dolores de Cospedal aseguró hace un año que el modus operandi del Ministerio iba a cambiar. Comunicó que las cuentas oficiales para 2017 incluirían por primera vez el pago de las compras de armamento como exigió el TC (unos 1.000 millones de euros al año), algo que las inflaría un 32%. La conservadora se mostró dispuesta a aceptar esa cifra para marcar distancias con su antecesor, el impopular Pedro Morenés, y hacer el gasto en Defensa más transparente.
Esa fachada de la ministra apenas ha durado meses. El BOE recogió en septiembre que Cospedal mintió al comunicar al Congreso y a los ciudadanos que el gasto en Defensa durante el año 2017 sería de 7.639 millones de euros. En julio, prácticamente a mitad del ejercicio, ya superaba los 8.800 millones.
Pero eso no es todo. Con el beneplácito del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Cospedal ha continuado con una práctica presupuestaria ininterrumpida desde la época socialista: camuflar gastos intrínsecamente asociados a la actividad militar en partidas fuera de las cuentas oficiales de Defensa. De esta forma, es el Fondo de Contingencia (destinado a imprevistos) el que paga las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior de España, que suponen unos 1.000 millones de euros al año; es el Tesoro Público quien se hace cargo de los intereses derivados de la deuda pública en proporción al gasto militar del Estado; y es el Ministerio de Industria el que financia las subvenciones públicas para el desarrollo de nuevas armas, el I+D militar.
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