Cualquier ciudadano tiene el derecho de denunciar posibles ilegalidades, presuntos actos delictivos e injusticias contra los Derechos Humanos, tanto por parte de otros ciudadanos como por parte de las administraciones públicas.
Así lo dice la ley y lo recuerda el Tribunal Supremo.
Se puede denunciar incluso sin tener un interés legitimador.
En cualquier asunto, el ciudadano tiene derecho a acudir a los tribunales para que se investigue el contenido de su denuncia, sin que los jueces puedan alegar que carecen de legitimidad para ello.
Ya sabes, que no te toreen.