El PSOE se alía con la derecha para proteger al rey ilegítimo contra un probable referéndum sobre la Monarquía

La Constitución, para tocar la monarquía, exige una mayoría de dos tercios, disolución de las Cortes, una nueva mayoría de dos tercios y finalmente un referéndum. Esas mayorías, necesarias para impulsar el proceso, hoy no existen en el Congreso.

La cuestión de las finanzas de su padre, el exrey Juan Carlos I, y la propia presunta implicación del monarca en ellas, que varios partidos quieren investigar en el Congreso y que, de momento, Vox, PP y PSOE han impedido, llevaron a la Casa Real a redactar un comunicado en el que Felipe VI trata de alejarse de su padre para protegerse a sí mismo y a la institución del daño que le pueda estar haciendo.

Felipe VI afirma en ese comunicado que renuncia en diferido a parte de la herencia paterna –a la corona no ha renunciado–, algo que no se puede hacer con el Código Civil en la mano: solo podrá hacer tal cosa cuando se produzca el fallecimiento de Juan Carlos I.

Hay dos razones de peso que explican la pervivencia, hoy, en pleno siglo XXI, de la monarquía en España. Por un lado, el vínculo indeleble que une a la Corona con la Constitución de 1978, de la que forma parte, y por otro, la ausencia total de voluntad política, por el temor a la inestabilidad que podría causar, para plantear en serio el debate sobre monarquía o república.

Reformar la Constitución, en el eventual y harto improbable caso de que se plantease, en lo que afecta a la Corona sería un proceso largo y arduo, casi imposible, como explica el constitucionalista Javier Pérez Royo en una entrevista del periodista Alejandro Torrús.

Hacerlo implicaría, prácticamente, lo que se llama una "revisión constitucional total". La corona aparece en el título preliminar, en el artículo 1.3, en el que se dice: "La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria". Y después, en el título II, en el que se regulan las funciones de la institución.

Así, el propio texto recoge, en su artículo 168, que una reforma que afecte a este modelo, primero, debe aprobarse "por mayoría de dos tercios de cada Cámara" (234 diputados del Congreso y 176 senadores), lo que llevaría "a la disolución inmediata de las Cortes". Luego, "las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional", que, de nuevo, "deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras".

Y, finalmente, después de todo ese proceso, se sometería la reforma a referéndum para su aprobación por la ciudadanía. Así lo expresa el 168: "Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación".

Vamos, que está todo atado y bien atado, exceptuando si el PSOE, se enfrenta a lo ya dispuesto, pués de todos es sabido que el partido socialista no es un partido monárquico, pero que evidentemente tiene muchos lazos de amistad con la Casa Real desde siempre.

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